COORDINACIÓN DE COMPRAS
claudia C Morales Garzon
Actividad numero 4
Conocer el funcionamiento de la contratación con el Estado y analizar las diferencias con la contratación privada.
Lea la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007 y diferentes Manuales de Contratación de Entidades del Estado (buscar por internet "Manual de Contratación"), y elabore de manera individual un Blog que contenga:
a. Concepto contratación pública y diferencia con la contratación privada.b. Principios de la contratación públicac. Significado de los términos: Inhabilidad, Incompatibilidad, y Conflicto de Interesesd. Etapas de un proceso de Contratación en las entidades del Estado, con una breve descripción.e. Concepto de licitación pública, cómo funciona y otras modalidades de contratación pública que existenf. Diagrama de flujo estándar de un procedimiento de contratación pública.g. Conclusiones propias del estudioso, dónde explique la importancia de la contratación pública y la diferencia con la contratación privada, resaltando o haciendo énfasis en aquello que considera más relevante o significativo dentro del tema.h. Bibliografía
RESPUESTAS:
A.Concepto contratación pública y diferencia con la contratación privada.
Los contratos Estatales son definidos en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, Ley 80 de 1993, como todo acto jurídico generador de obligaciones en el que una de las partes sea una entidad pública, cuya descripción o tipificación se encuentre en las normas civiles, comerciales, especiales o las previstas en el mismo cuerpo normativo.
La misma norma determina cuales son entidades públicas, enumerándolas, de la siguiente forma: La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el Distrito Capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles, el Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, las contralorías departamentales, distritales y municipales, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los ministerios, los departamentos administrativos, las superintendencias, las unidades administrativas especiales y, en general, los organismos o dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos.
PARALELO CONTRATACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
Ø Por regla general, la escogencia del contratista se hace a través de licitación pública y ésta conlleva varios pasos que se deben surtir para su legalidad tales como la apertura mediante acto administrativo motivado, la elaboración de los pliegos de condiciones, el aviso público de apertura de la licitación, audiencia de aclaraciones, presentación de propuestas, cierre, evaluación y adjudicación mediante acto motivado.
Ø Las sociedades privadas en cambio, no están obligadas a contratar mediante una licitación pública sino que pueden hacerlo de forma privada y directa. La ventaja de esta última forma da mayor flexibilidad y celeridad a los procesos de contratación, pero también puede eventualmente restar transparencia, pues en estos eventos la posibilidad de alegar alguna irregularidad en la asignación del proceso es más remota.
Ø Es requisito esencial para la celebración de un contrato estatal, estar inscrito en el Registro Único de Proponentes (RUP). En este registro se encuentra la información que acredita la experiencia, capacidad jurídica y capacidad financiera del contratista. También figura la información sobre su capacidad máxima de contratación, en función de una serie de factores que éste mismo califica y los cuales son verificados por las cámaras de comercio
Ø Solo requiere participar en la licitación con una buena propuesta.
Ø Lo que llamamos en el sector privado equilibrio contractual, en el sector estatal está mucho más definido, y se conoce como restablecimiento de la ecuación contractual. Lo que se pretende a través de éste es garantizar al contratista el derecho a que se modifiquen las cuantías, se pacten intereses y/o condiciones, cuando el equilibrio contractual se rompa por razones de mercado, o por la ejecución misma del contrato, y esto no sea imputable al contratista
PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo.
PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL
En Colombia, uno de los inconvenientes más importantes del Estado es la corrupción. Esto ha quedado demostrado en casos tan importantes como el Carrusel de la Contratación, acaecido en la capital Colombiana.
Por ello, el ordenamiento jurídico colombiano ha considerado conveniente la creación de principios generales de la contratación pública, estatal o administrativa, y de esta forma tener un piso jurídico que le permita defenderse frente a la corrupción en esta materia.
En el mismo sentido, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-818 del 9 agosto de 2005, ha afirmado que los principios de la contratación estatal tienen como fin: 1) Servir de base y fundamento de todo el ordenamiento jurídico; 2) Actuar como directriz hermenéutica para la aplicación de las reglas jurídicas y; 3) ser usadas como fuente integradora del derecho, en casos de insuficiencia normativa.[1]
En el marco de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, el artículo 23 indica que los principios de la contratación estatal son: transparencia, economía y responsabilidad. También ha de tenerse en cuenta el principio de la libre concurrencia. Aquí, incluiré los principios generales de la función pública que por analogía deben aplicarse a la contratación estatal.
B. Principios de la contratación pública
La Corte Constitucional manifestó que la eficacia consistía en alcanzar los logros propuestos en los entes estatales con el fin de garantizar la efectividad de derechos colectivos e individuales.
En virtud de la eficacia se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad y que, por lo tanto, las autoridades deben remover de oficio los obstáculos puramente formales, evitando decisiones inhibitorias.
Bajo el principio de transparencia se asegura que la contratación adelantada por las entidades estatales se realicen mediante procesos de selección públicos, cuyas reglas sean objetivas, claras, justas y completas, que permitan a los proponentes entregar propuestas idóneas y así como presentar objeciones, observaciones, preguntas y/o aclaraciones a los documentos adoptados por la entidad. En cumplimiento de lo anterior, las entidades estatales deben realizar audiencias públicas en donde los proponentes pueden expresar sus dudas y presentar preguntas, aclaraciones y/o quejas.
De igual manera, se dan a conocer documentos y solicitudes presentados por terceros proponentes con el fin de garantizar que los procesos sean llevados a cabo bajo condiciones y oportunidades iguales.
En Colombia, uno de los inconvenientes más importantes del Estado es la corrupción. Esto ha quedado demostrado en casos tan importantes como el Carrusel de la Contratación, acaecido en la capital Colombiana.
Por ello, el ordenamiento jurídico colombiano ha considerado conveniente la creación de principios generales de la contratación pública, estatal o administrativa, y de esta forma tener un piso jurídico que le permita defenderse frente a la corrupción en esta materia.
En el mismo sentido, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-818 del 9 agosto de 2005, ha afirmado que los principios de la contratación estatal tienen como fin: 1) Servir de base y fundamento de todo el ordenamiento jurídico; 2) Actuar como directriz hermenéutica para la aplicación de las reglas jurídicas y; 3) ser usadas como fuente integradora del derecho, en casos de insuficiencia normativa
En el marco de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, el artículo 23 indica que los principios de la contratación estatal son: transparencia, economía y responsabilidad. También ha de tenerse en cuenta el principio de la libre concurrencia. Aquí, incluiré los principios generales de la función pública que por analogía deben aplicarse a la contratación estatal.
1. PRINCIPIO DE PUBLICIDAD O TRANSPARENCIA
Indica la necesidad de difusión pública de información concerniente a la contratación pública. Esto es, que el proceso de selección del contratista debe realizarse de manera pública y ajustada a derecho
2. PRINCIPIO DE ECONOMÍA:
Implica que las condiciones del trámite contractual sean las estrictamente necesarias para la escogencia objetiva de la propuesta más favorable.[3]
Gracias al principio de economía, el derecho sustancial prevalece sobre la forma, el cumplimiento de las disponibilidades presupuestales correspondientes, el análisis de la conveniencia del objeto por contratar así como las autorizaciones, los estudios y pliegos de condiciones requeridos.
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3. PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD:
Los sujetos que actúan en la actividad contractual se deben ceñir a la ley, cumpliendo con los deberes y obligaciones de cada uno.[5]
El artículo 51 de la Ley 80 de 1993 preceptúa la responsabilidad disciplinaria, civil y penal por las acciones y omisiones en la actuación contractual
De acuerdo con el num 2 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños causados por razón de ellas.
4. PRINCIPIO DE IGUALDAD
La Corte Constitucional ha tocado el tema en varias oportunidades, con la sentencia T-489 de 1999; C-124 de 1996; C-339 de 1996; T-330 de 1993. Respecto de las cuales indicó que se debe garantizar el acceso a la administración y a sus funcionarios.
Considera la corte que es dable aplicar criterios de diferenciación en ciertos casos en los cuales sea necesario equilibrar las posiciones de las partes, más no de discriminación.
5. PRINCIPIO DE MORALIDAD
El Estado debe mantener la moralidad social en el cumplimiento de sus fines.
Se basa los postulados constitucionales de los artículos 34, 67 y 88, este último indicando las acciones populares que proceden para invocar situaciones donde está comprometida la moral administrativa.
En el mismo sentido el Profesor Atehortúa Ríos, indica que la moral administrativa “alude a la obligación que tienen todas las entidades estatales y los particulares que administran recursos del Estado o los que cumplen funciones públicas para actuar sólo motivados por las razones del servicio, la protección a los usuarios, y la defensa de los intereses estatales.
La violación del principio de moralidad se asocia a todas las actuaciones de las personas cuya motivación es diferente de los fines del servicio y además actúa con una clara violación de los mandatos legales.
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6. PRINCIPIO DE EFICACIA
La Corte Constitucional manifestó que la eficacia consistía en alcanzar los logros propuestos en los entes estatales con el fin de garantizar la efectividad de derechos colectivos e individuales.
En virtud de la eficacia se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad y que, por lo tanto, las autoridades deben remover de oficio los obstáculos puramente formales, evitando decisiones inhibitorias.
7. PRINCIPIO DE CELERIDAD
Hace referencia a la agilidad en la gestión administrativa Constitucionalmente, el artículo 209 indica que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y que se desarrolla con fundamento en varios principios. La celeridad comporta la indispensable agilidad en el cumplimiento de las tareas a cargo de entidades y servidores públicos para lograr que alcancen sus cometidos básicos con prontitud, asegurando que el efecto de su gestión se proyecte oportunamente en la atención de las necesidades y aspiraciones de sus destinatarios.
8. PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD:
Obligan a que las autoridades traten igualmente a todas las personas sin ningún tipo de discriminación y se dé un trato administrativo uniforme.
9. PRINCIPIO DE BUENA FE:
Implica tener en cuenta que la seguridad jurídica, la lealtad, la credibilidad y la certidumbre son reglas básicas de convivencia y que como tales, se convierten en presupuestos de las actuaciones de todas las personas.
10. PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN:
Permite que tanto administración como administrado, contratante y contratista, participen simultáneamente dentro de la actuación administrativa, permitiéndosele al administrado participar en todas aquellas actuaciones que puedan ir en contra de sus intereses o derechos
11. PRINCIPIO DE LEGALIDAD
Se conoce como principio de legalidad a la prevalencia de la ley sobre cualquier actividad o función del poder público. Esto quiere decir que todo aquello que emane del Estado debe estar regido por la ley, y nunca por la voluntad de los individuos.
Partiendo del principio general de legalidad, nos encontramos con algunas variantes y especificaciones del mismo:
ü Principio de legalidad tributaria. Con este lo que viene a establecerse es que únicamente una norma jurídica que tenga carácter de ley puede determinar lo que son las bases de las obligaciones tributarias. Es decir, que sólo aquella puede delimitar quiénes tienen que hacerle frente al pago de las mismas, en qué fechas, mediante qué sistema, las acciones que serán calificadas como infracciones e incluso cuáles serán las sanciones por cometerlas.
ü Principio de legalidad administrativa, que es el encargado de determinar que todas y cada una de las acciones, decisiones y medidas que se adopten desde la Administración deben estar sometidas a la ley.
ü Principio de legalidad registral. Viene a determinar que todo documento que se desee inscribir en el Registro tiene que ser examinado previamente para verificarse y que así se compruebe que es válido y perfecto.
12. PRINCIPIO DE PLANEACIÓN
Complementa el principio de economía y principalmente tiene que ver con todos los aspectos que se requieren previo al inicio de selección de contratistas.
Guarda relación directa e inmediata con los principios del interés general y la legalidad, procurando recoger para el régimen jurídico los negocios del Estado el concepto según el cual la escogencia de contratistas, la celebración de contratos, la ejecución y liquidación de los mismos, no pueden ser de ninguna manera producto de la improvisación.
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13. SELECCIÓN OBJETIVA
Regulado por el art. 29 de la ley 80 de 1993
Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y calificación.
La forma de presentación, el contenido y evaluación de las propuestas que formulen los oferentes resultan especialmente exigentes para garantizar un procedimiento objetivo y transparente, cerrando así el paso a cualquier consideración discriminatoria que pudieran llevar a cabo las autoridades.
C. Significado de los términos:
Inhabilidad, Incompatibilidad, y Conflicto de Intereses
Inhabilidad:Las inhabilidades son de orden Constitucional y legal, ellas implican: incapacidad, ineptitud o impedimento para el desempeño de un empleo, imposibilitan el ejercicio de las funciones.
El régimen de inhabilidades para contratar con el Estado, es entendido como el sistema de valores, principios y normas que, en aras de proteger la moralidad administrativa, la transparencia de la función administrativa, el buen nombre de la administración y garantizar la idoneidad, probidad, imparcialidad y eficacia de las actividades estatales.
Incompatibilidad: Las incompatibilidades se refieren a la exclusión natural, legal o reglamentaria de una cosa a causa de otra, esa contradicción, antagonismo, cohabitación o convivencia imposible; en materia laboral se traduce en la incapacidad para ejercer un cargo, en el impedimento, prohibición o tacha legal para desempeñar al mismo tiempo dos empleos o funciones, la imposible simultaneidad para ostentar al tiempo dos calidades, o un cargo directivo y una participación en ciertas sociedades, la intervención en determinados asuntos, la gestión de asuntos ante determinados entes, la elección no permitida por la ley, la participación en subastas bajo la dependencia del mismo sujeto, la interdicción de funciones entre otras.
Conflicto de Intereses:Toda situación o evento en que los intereses personales, directos o indirectos, de los servidores de la entidad, se encuentren en oposición con los de la entidad interfieran con los deberes que le competen a ella, o lo lleven a actuar en su desempeño por motivaciones diferentes al recto y real cumplimiento de sus responsabilidades.
El conflicto nace cuando el funcionario público tenga un interés directo en la toma de una decisión porque le afecta, o a alguno de sus parientes o familiares cercanos, de acuerdo al análisis que se haga en cada caso concreto. El interés consiste en el provecho, conveniencia o utilidad que, atendidas sus circunstancias, derivarían el funcionario o los suyos de la decisión que pudiera tomarse en el asunto.
Las entidades deben implementar mecanismos efectivos con el fin de facilitar la prevención, el manejo y la divulgación de los conflictos de interés que puedan presentarse entre los funcionarios, los miembros de los consejos directivos y los demás grupos de interés. Lo que se busca es preservar la rectitud de la conducta de los funcionarios públicos, que deben actuar siempre consultando la transparencia y el bien común, como manda la Constitución Política.
http://contrataciondelestado.blogspot.com.co/2016/02/concepto-contratacion-publica-y.html
D.Etapas de un proceso de Contratación en las entidades del Estado, con una breve descripción:
1. PRE CONTRACTUAL.
2. CONTRACTUAL
3. POST CONTRACTUAL
PRE CONTRACTUAL: La etapa pre contractual, inicia con la elaboración del estudio previo y termina con la adjudicación del proceso de contratación.
Dentro de esta etapa, se encuentra prevista la planeación en donde se debe establecer claramente cuál es la necesidad que la entidad pretende satisfacer. Esta etapa es la base fundamental del proceso de contratación ya que se es allí donde se establece el insumo para dar inicio a un proceso de contratación.
CONTRACTUAL: Una vez surtido el proceso de selección, el Ministerio del Trabajo, elaborará la minuta del contrato. El contrato se perfecciona con la firma de las partes, es importante señalar que el mismo se debe elevar a escrito y debe ser firmado por parte de la Entidad por la Ordenadora del Gasto y por el contratista el Representante legal, o su delegado o apoderado, si se trata de persona jurídica o por la persona natural que demuestra la capacidad para obligarse.
POST CONTRACTUAL: Esta etapa inicia con la terminación del contrato y culmina una vez se haya realizado la liquidación del mismo.
E.Concepto de licitación pública, cómo funciona y otras modalidades de contratación pública que existen
La licitación pública es un procedimiento administrativo de preparación de la voluntad contractual, por el que un ente público en ejercicio de la función administrativa invita a los interesados para que, sujetándose a las bases fijadas en el pliego de condiciones, formulen propuestas de entre las cuales seleccionara la más conveniente.
Cuando es necesario comprar, arrendar bienes y servicios o contratar obra pública, existen leyes que obligan a los entes gubernamentales a seguir un proceso legalmente definido por el derecho administrativo.
La Ley establece las siguientes modalidades de selección:
Ø Licitación Pública
Ø Selección Abreviada
Ø Concurso de Méritos
Ø Contratación Directa
F. Diagrama de flujo estándar de un procedimiento de contratación pública.
G. Conclusiones propias del estudioso, dónde explique la importancia de la contratación pública y la diferencia con la contratación privada, resaltando o haciendo énfasis en aquello que considera más relevante o significativo dentro del tema.
También concluimos que el proceso de contratación ya sea público o privado debe regir bajo el principio de transparencia se asegura que la contratación adelantada por las entidades estatales se realicen mediante procesos de selección públicos, cuyas reglas sean objetivas, claras, justas y completas, que permitan a los proponentes entregar propuestas idóneas y así como presentar objeciones, observaciones, preguntas y/o aclaraciones a los documentos adoptados por la entidad. En cumplimiento de lo anterior, las entidades estatales deben realizar audiencias públicas en donde los proponentes pueden expresar sus dudas y presentar preguntas, aclaraciones y/o quejas.
Es importante resaltar que, desde la elaboración de los documentos que contienen las condiciones que exige el Estado a los proponentes hasta la liquidación de un contrato celebrado con el Estado, no son simples reglas las que desarrollan todo lo relacionado con la contratación estatal, , sino que se encuentran revestidas de importantes principios que irradian todo el régimen.
La contratación pública posee mayores pasos y elementos de control con el fin de fiscalizar la transparencia del proceso.
Ambos procesos es tan regidas por norma y leyes de estricta vigilancia por parte del estado, pero en la contratación pública te restringe a celebrar contratos si tienes afines con el ente nacional.
http://www.andi.com.co/es/GAI/GuiInv/ConEst/ConEst/Paginas/PCEst.aspx
http://contrataciondelestado.blogspot.com.co/2016/02/concepto-contratacion-publica-y.html
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304
